En tren de ordenar el extenso debate sobre las potencialidades terapéuticas de algunos de los componentes de la planta Cannabis Sativa, lo que muchos han simplificado astutamente bajo el concepto "marihuana medicinal", existen tres posibes ejes de análisis que no deben ser pasados por alto: la ideología, los intereses del mercado y la evidencia científica en este campo.
El ideológico
La ley original de "marihuana medicinal" (N°27350), sancionada en 2017 bajo la administración Macri, establecía un interesante marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Lejos de negar el fenómeno, lo que buscaba esta ley era brindar un paraguas de certezas científicas para poder avanzar en este aspecto. Lo que taxativamente esa norma no contemplaba era la posibilidad del autocultivo.
Fue muy sintomático que apenas unos meses después de que se promulgara la ley, un grupo de diputados impulsara una modificación intentando introducir la posibilidad de la tenencia/autocultivo. Más sintomático aún fue que en 2020, un decreto presidencial modificó la reglamentación de la 27350, cambió su espíritu y habilitó justamente el autocultivo (amparado en el supuesto fracaso del Estado en garantizar lo establecido en la ley). El caballo de Troya abría finalmente sus compuertas,
Al no existir consenso para modificar la ley de estupefacientes N°23737, al amparo del enfoque de derechos (acceso a a la salud) lo que el progresismo pro-cannábico hizo fue moldear un imaginario social mucho más permisivo y banalizador, que terminó sedimentando en una norma que hoy admite el autocultivo "con fines medicinales", cuando bien sabemos que lo recreativo siempre antecedió a cualquier otro uso posible.
El económico
Detrás de lo medicinal siempre estaba el gran negocio. Quienes trabajamos en este campo bien sabemos que detrás de todo este movimiento están las tabacaleras, quienes vieron recortados sus ingresos tras la firma del Convenio Marco de Control del Tabaco allá por 2003 y debieron migrar hacia otra fuente de negocios. De hecho, la provincia de Jujuy, que fue pionera en establecer alianzas público-privada con las empresas Green Leaf Farms (firma subsidiaria del grupo Player’s Network, que al tiempo presentó la quiebra), Aphria Inc. (productor y distribuidor internacional de cannabis medicinal y recreativo con sede en Canadá, y que en el 2020 absorvió Tilray para constituir el mayor imperio de cannabis del mundo), y Blueberries Medical (compañía de capitales canadienses que en 2021 fue adquirida por el fondo de inversiones FLA Ventures, vinculada al Grupo América y relacionada con empresas de medicina prepaga), siempre tuvo en cuenta el lobby tabacalero (siempre rechazó la ratificación del CMCT desde el Senado) y la expansión y potencialidad del mercado de la marihuana para uso recreativo a nivel continental.
La flamante ley 27669 (año 2022) y su reciente decreto reglamentario establecen el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Dentro de las consideraciones que quedaron sujetas a criterio (subjetivo) del PEN está el límite de THC establecido como delimitación de qué se entiende por cannabis y por cannabis psicoactivo. Hoy quedó establecido en hasta 1 por ciento.
Casualmente, y no hace mucho, se puso a discusión (entre gallos y medianoches, como siempre) una modificación al Código Alimentario en el que se incorpora el cannabis y se admiten concentraciones de hasta 1 por ciento (siempre sujetas a modificación). El trámite se aprobó de forma express. Pero la principal objeción a este cambio es que el mundo ha establecido concentraciones de 0,3 por ciento, lo cual abre la caja de Pandora al desarrollo futuro de comestibles con concentraciones psicoactivas de alto riesgo no sólo para los usuarios, sino también para los niños. En EE.UU. se están registrando alarmantes cifras de intoxicaciones por ingesta de gomitas, caramelos y golosinas con altas concentraciones de THC que quedan al alcance de los menores. En Argentina ya empezaron a darse este tipo de situaciones, con growshops habilitados al amparo de un gris normativo, comercializando comestibles a menores de edad, e incluso adulterando estos productos con éxtasis.
Asimismo, la burbuja de la marihuana "medicinal" empieza a desinflarse. El mundo vuelve, pero nosotros insistimos en ir (o como el tero, capaz que la obstinación es una excusa para validar el autocultivo). Existe un caso en Uruguay más que paradigmático: cerró la planta de cannabis medicinal más grande de América Latina y despidió a los trabajadores por WhatsApp. En Colombia, una de cada tres de las 1.300 empresas con licencia oficial para cultivar se retiraron efectivamente del negocio.
El mercado recreativo es la gran esperanza de todos los apostadores en esta gran ruleta rusa.
El científico
Es vasta la evidencia de que, valga la redundancia, aún falta mucha evidencia sobre las potencialidades terapéuticas de los cannabinoides presentes en la planta. Aún no existe comprobación suficiente para demostrar que los beneficios son mayores que los perjuicios. La ciencia y la medicina operan de formas diferentes a los parámetros ideológicos de la política.
Para garantizar la efectividad de un fármaco elaborado a base de cannabinoides, se necesita avanzar desde la base de la pirámide de la evidencia (la experiencia personal de los usuarios) a la cúspide (validación científica tras diferentes etapas de prueba y experimentación). Al habilitar el autocultivo de marihuana para que las personas elaboren preparados sin ningún tipo de protocolo de control sanitario, sin definir para qué usos, sin definir dosis, sin establecer qué cannabinoides son efectivos para qué dolencias, sin establecer contraindicaciones o riesgos, sin determinar edades, en Argentina nos quedamos en la base de esta pirámide.
Por ejemplo, los famosos aceites de CBD (cannabidiol) que circulan libremente entre nosotros, tienen una altísima toxicidad hepática. Está documentado y comprobado el daño al hígado, en especial en niños que están en plena etapa madurativa de este órgano. Y existen informes que demuestran que la marihuana no es mucho más efectiva que un placebo en paliar el dolor, y que lo que existe es un condicionamiento social que predispone a la gente a confiar ciegamente en los beneficios.
Hoy tomó estado público que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la distribución y comercialización del primer aceite de cannabis medicinal de producción estatal, a cargo de la empresa pública Cannava (presidida por el hijo del gobernador de la provincia de Jujuy). Si bien el aceite se podría consumir para cualquier patología, la empresa, a través de un programa sanitario provincial, viene haciendo un seguimiento de sesenta pacientes con epilepsia refractaria que acceden al aceite a través del hospital público de Perico (Jujuy), que le permite tener unas primeras estadísticas sobre los resultados. Un informe que incluye datos de entre octubre de 2021 y el mismo mes de este año, se refleja que 1 de cada 4 pacientes dejaron de sufrir nuevas crisis de epilepsia, con una evolución en el tratamiento; la mitad redujo sus crisis en más de un 50 por ciento; y todos los pacientes reportaron mejoras de su calidad de vida. No parece una estadística tan extensa ni tan irrefutable como para pegar semejante salto al vacío.
Ojalá la marihuana sea la cura para el cáncer y otros males de la humanidad. Pero promoverlo como la panacea, saltando instancias científicas de validación, es de un enorme riesgo.
