Uruguay comenzó a aplicar una normativa que habilita la internación de quienes viven en la intemperie y que atraviesen una descompensación por patologías psiquiátricas o consumo de drogas sin su consentimiento, en los casos en que represente un riesgo para sí mismo o para terceros.
Los equipos médicos certificarán si un individuo requiere internación para ser compensado y se encargará de trasladarlo a un centro de salud cercano. Si no accede intervendrá la policía. Cuando la persona se recupere, el Ministerio de Desarrollo Social deberá ofrecer alternativas para que no vuelva a la indigencia. Algunas opciones que tiene disponible la cartera son los hogares asistidos o las denominadas “casas de medio camino”.
El objetivo de las autoridades uruguayas es salvaguardar la vida y la integridad de quienes viven en la calle. La reforma legal no implica que una persona adicta vaya a ser trasladada “a la fuerza” a un sanatorio. Esto sólo se dará cuando esté en una situación de descompensación y no pueda responder.
La modificación legal surgió como respuesta a un reclamo de la sociedad civil uruguaya, con el colectivo Madres del Cerro, integrado por familiares de adictos, como uno de los impulsores de la posibilidad de internar compulsivamente.
Mientras, en Argentina la ley de Salud Mental sigue en el centro del debate por el mismo motivo, y con idéntico reclamo por parte de las asociaciones de madres y familiares: Las personas cuando tienen un consumo problemático han perdido su libertad.
