Tanto por los daños a la salud de la población que las consume (y a terceros), como también por los efectos colaterales negativos en la propia institucionalidad de los Estados, las drogas se han constituido en un problema mundial. Habitualmente, los procesos de toma de decisiones, de planificación y de ejecución de las políticas en materia de reducción de la demanda de drogas sigue desarrollándose en la esfera de administración central del Estado, con el consiguiente problema de distancia y de adaptación de las políticas a las características y problemas específicos de cada municipio, alejándose de la realidad y del entorno más próximo al ciudadano vecino.
Un informe hemisférico del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) indica que los planes o estrategias nacionales de los Estados miembros (Argentina es uno de ellos) “no incorporan criterios de descentralización, por lo que no promueven la participación de los gobiernos municipales o locales para enfrentarlo, lo cual denota una debilidad para abordar de manera integral el fenómeno de las drogas”.
Para poder construir un contexto social y político más adecuado, fortalecer las instituciones democráticas y conseguir un clima de seguridad y estabilidad para el desarrollo integral de nuestra sociedad, es fundamental el desarrollo de políticas públicas en los niveles más cercanos a la comunidad, incrementando así las posibilidades de participación ciudadana directa en las mismas.
En este sentido, los planes, programas y proyectos de los organismos de drogas, e incluso la cooperación técnica y el financiamiento internacional, apuntan a fortalecer las instancias de gobierno local en el desarrollo de iniciativas de reducción del consumo de drogas. En el campo de la descentralización y definición de políticas municipales sobre drogas en nuestro país (y en Buenos Aires en particular), y sin desmerecer los logros del Proyecto FESP – Programa Prevenir (Banco Mundial- Ministerio de Salud), existe un vacío importante que es necesario subsanar en el corto plazo.
Como instancia complementaria (e incluso superadora) a la estrategia llevada adelante desde la Subsecretaría de Atención a las Adicciones (SADA) de la provincia, se torna necesario redirigir los esfuerzos hacia el empoderamiento de las instancias locales de gobierno, mediante el establecimiento de planes municipales de drogas que canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales en la conformación de verdaderas redes preventivas-asistenciales comunitarias, con una visión humanista, holística y multidimensional de la problemática.
No sólo se trata de desarrollar campañas preventivas o de brindar asistencia a las personas (y sus entornos) que atraviesan por una adicción, como si fueran políticas en compartimientos estancos que no se entrecruzan con ninguna otra esfera de abordaje del fenómeno, como si fueran panaceas en sí mismas.
No se trata de forzar la inclusión del rubro adicciones dentro del vasto campo de la salud mental, como si fuera una asociación directa desde la comprensión causa-consecuencia. Las diferentes problemáticas a las que remiten aquellas personas con patrones adictivos van más allá de la dicotomía hamletiana de “internar o no internar” (tan escuchada en los últimos tiempos), de un maniqueísmo individualista que deja afuera el concepto de salud social como derecho colectivo.
Se trata de repensar el problema de las drogas desde un nuevo paradigma de responsabilidad social compartida (que integre al gobierno nacional, provincial, municipal, a la comunidad, al sector privado y al ámbito académico), en aspectos relacionados a la prevención desde el fomento de los denominados factores de protección, a la inclusión de los sectores más vulnerables como puente de regreso a la sociedad, a la disminución de la deserción escolar, al desarrollo de dispositivos sanitarios locales de atención al adicto, al control de la nocturnidad y la venta de bebidas alcohólicas a menores, a la represión de la oferta de sustancias ilegales, y a la coordinación transversal de todos los actores institucionales que trabajan en el campo de la reducción de la oferta y de la demanda de drogas en el ámbito de un municipio.
Como funcionarios públicos, debemos estar a la altura del contexto y las circunstancias actuales. El aumento en los índices de consumo de algunas sustancias psicoactivas en la franja etárea de jóvenes y adolescentes, la baja en la edad de inicio, la amenaza de las drogas sintéticas, el “paco” y su poder destructivo, la mayor tolerancia social frente al alcohol y la marihuana, y las características de complejidad y multidimensionalidad del problema de las drogas, así nos lo demandan.
